El Gobierno nacional publicó este jueves el decreto 366/2025 que oficializa una profunda reforma del régimen migratorio argentino, introduciendo cambios sustanciales en los requisitos para obtener la ciudadanía, en la permanencia de inmigrantes ilegales o con antecedentes penales, y en el acceso de los extranjeros a servicios públicos de salud y educación. Estas modificaciones, que ya habían sido anticipadas por el vocero presidencial Manuel Adorni, buscan dar una respuesta más estricta y ordenada al fenómeno migratorio en el país.
Según argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial, la actual Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2003, promueve derechos a personas que ingresan o permanecen de forma irregular, equiparándolos en algunos aspectos con quienes residen legalmente. El Ejecutivo considera que este marco legal quedó desactualizado frente a las necesidades actuales, exponiendo al país a distintos “peligros y consecuencias negativas”, razón por la cual se impulsa su urgente modificación para reforzar la regularidad migratoria y la seguridad pública.
Una de las modificaciones más destacadas es la nueva redacción del artículo 8°, que establece que los residentes permanentes seguirán accediendo al sistema de salud pública en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, y que en casos de emergencia todos los extranjeros, sin importar su situación, recibirán atención médica. Sin embargo, fuera de esas circunstancias, quienes no acrediten residencia deberán presentar un seguro de salud o pagar previamente por la atención. También se fija que la residencia precaria de 90 días podrá ser revocada si se desnaturalizan los motivos que la justificaron.
En cuanto al ingreso al país, los extranjeros deberán encuadrarse como residentes permanentes, temporarios o transitorios. Además, se endurecieron los requisitos para acceder a cualquier categoría migratoria: se exigirá una declaración jurada sobre el propósito de ingreso, contar con seguro de salud y cumplir otras condiciones establecidas por reglamentación. También se detallan nuevas causales de inadmisión o expulsión, como el uso de documentación falsa, ocultar antecedentes penales o realizar maniobras fraudulentas para obtener beneficios migratorios.
La reforma también modifica las leyes de educación, permitiendo que las universidades públicas cobren por sus servicios a los extranjeros no residentes, aunque se aclaró que estos estudiantes podrán seguir aplicando a becas. Con esto, el Ejecutivo busca racionalizar el acceso a la educación superior estatal, haciendo énfasis en la reciprocidad y el uso responsable de los recursos nacionales.
Por último, se anunció la creación de una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará dentro del Ministerio de Economía. Este organismo tendrá la misión de diseñar y supervisar iniciativas destinadas a atraer capital extranjero mediante la concesión de ciudadanía a inversores, en un intento de estimular la llegada de inversiones directas al país. A pesar del endurecimiento general, el decreto remarca que no se vulnerará el principio de reunificación familiar ni los derechos de los menores.
Con información de Clarín
La Brújula 24